Los gobiernos liberales de Europa han apostado por la
privatización de buena parte de los bienes públicos, uno de
ellos es el servicio postal inglés, con 500 años de historia
a sus espaldas, lo que ha supuesto un mal negocio para los
bolsillos de los ingleses.
Isidro ESNAOLA Economista
Periódico GARA
Las
privatizaciones suelen dan mucho que hablar,
generalmente en proporción directa a los suculentos
beneficios que suelen proporcionar y que además rara
vez revierten en las arcas públicas, ya que su
rastro se suele perder en el sinuoso laberinto
formado por empresas y bancos privados. El último
ejemplo nos lo ha proporcionado la Oficina de
Auditoría Nacional de Gran Bretaña que ha auditado
el proceso de privatización de Royal Mail, el
servicio postal inglés.
Esta compañía fue creada en 1516
por Enrique VIII con lo que se acerca a los
quinientos años de existencia. No parece, sin
embargo, que la edad sea un obstáculo para
privatizar una empresa, antes al contrario, es
posible que proporcione cierta imagen de solidez
relacionada con la tradición, que en el caso de
Royal Mail, está totalmente justificada, al ser,
seguramente, la única compañía que todavía recoge y
reparte correo los sábados. Así pues, nada queda a
salvo del afán por privatizar los bienes públicos
que están impulsando los gobiernos liberales en toda
Europa.
El
impulso político es evidente, sin
embargo, la posterior puesta en práctica del
proceso, a juzgar por el informe de auditoria, no
deja muy bien parado al Gobierno de Cameron. Dicho
informe concluye que los contribuyentes británicos
perdieron 750 millones de libras en un solo día y es
que el precio de la acción de Royal Mail subió nada
más y nada menos que un 38% durante el primer día de
cotización. Este incremento deja en evidencia que el
precio de venta de las acciones se fijó muy por
debajo de su valor real, máxime cuando en los
siguientes cinco meses el precio de la acción se ha
mantenido en un rango que ha oscilado entre el 38% y
el 86% del precio de salida.
Y a partir de ese dato el informe
se dedica a indagar en las causas por las que la
venta de las acciones de Royal Mail se produjo a un
precio tan bajo. La Oficina de Auditoria en su
informe analiza un buen número de cuestiones que se
pueden resumir en tres o cuatro apartados. En primer
lugar, se achaca una excesiva dependencia hacia el
banco de inversiones que asesoró al Gobierno en todo
el proceso, ya que además de asesorar realizó una
gran cantidad de tareas que iban desde la selección,
la supervisión y la colocación de las acciones hasta
la exploración de otras alternativas de venta. El
banco de inversiones Lazard que ha actuado como
asesor del proceso prácticamente ha monopolizado
todos los aspectos de la venta de acciones con lo
que no ha tenido ningún incentivo para obtener un
precio de venta superior.
Otro
de los aspectos que critica duramente el informe
son los objetivos planteados con la privatización.
Aunque sendos informes de Richard Hooper presentados
en 2008 y 2010 recomendaban la entrada de capital
privado en Royal Mail para modernizar la gestión de
manera rápida y efectiva, parece que el Gobierno se
ha guiado por otras consideraciones durante el
proceso de privatización. Según revela el informe de
auditoría los posibles inversores ponían como
condición para comprar una parte de las acciones que
el Gobierno se quedara con una participación
minoritaria que no superara el 30% del capital.
Esta exigencia por parte de los
potenciales compradores presionaba al Gobierno para
que lograra la venta de todas las acciones que
correspondían con el 60% del capital, ya que el 10%
restante eran para las personas que trabajan en la
compañía. A esa presión externa para que el Gobierno
vendiera toda su parte hay que añadir la voluntad
expresada por el Gobierno de privatizar la empresa
en esta legislatura, lo que añadía el empuje del
tiempo a la necesidad de vender todo el paquete de
acciones que se sacara a la venta. Estos dos
factores han tenido una gran influencia presionando
a la baja en el precio final de venta de las
acciones.
A esa presión a la baja sobre el
precio habría que añadir otro tipo de errores más
relacionados con el diseño de la operación. El
informe de auditoria critica duramente que para la
fijación del precio se tomara como referencia el
dividendo que repartiría la compañía durante ese
primer año en manos privadas. Como dice el auditor,
calcular el precio en función del dividendo de un
año es establecer el precio de la acción en función
de un criterio que valora el corto plazo para una
inversión que teóricamente tiene vocación de
permanencia y que por lo tanto tendría que tener en
cuenta variables relacionadas con el largo plazo.
La consecuencia de usar ese
criterio ha llevado a infravalorar a la empresa.
Asimismo, el informe critica que se anunciara
relativamente pronto y tras un contraste con los
inversores muy limitado, el precio mínimo y máximo
que podría tener la acción. Una vez hecho público
ese rango de variación del precio era muy difícil
modificar al alza el precio final sin poner en
peligro el éxito de la venta.
El proceso de venta tampoco sale
muy bien parado en el informe. El Gobierno de
Cameron quería que la empresa privatizada tuviera un
núcleo de inversores estables y con vocación de
permanencia en el tiempo. El banco asesor en el
proceso de privatización seleccionó a 17 inversores
que cumplían con los requisitos que planteó el
Ejecutivo para formar ese núcleo estable. Pasados
cinco meses desde el inicio de la cotización de las
acciones de la compañía privatizada solamente uno de
los inversores llamados a formar el núcleo «duro» de
empresa mantiene sus acciones; el resto se ha
desecho de ellas apuntándose golosas plusvalías.
No
hay que ser mal pensado para concluir que
no parece un problema de «mal ojo» sino una cuestión
de «mucha cara». En cualquier caso, el sistema
elegido para colocar las acciones entre los
inversores incentivaba la venta del total sobre la
mejora del precio y eso es lo que ha ocurrido: han
conseguido vender todas las acciones pero a unos
precios muy bajos.
La conclusión del proceso de
privatización de Royal Mail no puede ser más
desalentador. El sector público se ha desprendido de
una empresa viable y con futuro a cambio de muy poco
dinero. El Gobierno británico en vez de guiarse por
criterios económicos que garantizaran un precio
razonable y una aportación de «saber hacer» para
mejorar la gestión de la compañía de correos, se ha
guiado por criterios ideológicos y políticos, lo que
se ha traducido en una pérdida importante para el
sector público. En ese camino de hacia la
privatización los que realmente se han beneficiado
han sido todos los actores externos que han estado
involucrados en el proceso, empezado por el banco de
Inversiones Lazard que ha actuado como asesor,
siguiendo por el sindicato de bancos encargados de
colocar las acciones encabezados por UBS, Goldman
Sachs, Barclays y Merrill Lynch y terminando por los
17 inversores institucionales con vocación de
permanencia que a la primera de cambio han vendido
su participación sumando suculentos beneficios.
El primer día de cotización de la
empresa privatizada un sello de primera clase valía
60 peniques, un 30% más que el ejercicio anterior.
Periódico GARA
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