Por los derechos sociales y laborales

 Pretenden que el "rescate" al sistema financiero lo paguemos nosotras y nosotros. Los recortes van a sumar un total de 102.000 millones de euros, una cifra muy cercana a los 100.000 millones que se va a dar a la banca (que hay que sumar a los 146.000 millones que ya se les han dado). Es decir, 102.000 millones menos para garantizar servicios básicos, hacer políticas de empleo, invertir en modelo económico,
garantizar prestaciones... 102.000 millones de dinero público, de dinero de nuestros impuestos regalados a los bancos. Y para el pueblo, recortes, reformas, privatizaciones, subida de impuestos, bajada de salarios... es decir, miseria.

Y no van a quedarse ahí. Tras este primer rescate, están ya negociando la intervención del Estado y las nuevas medidas que van a imponernos.

La huelga general no está sólo justificada, sino que, además, es necesaria. Es necesaria porque estamos ante el mayor fraude social y político que se ha hecho hasta el momento. Es necesaria porque los gobiernos de Gasteiz y de Iruñea siguen aplicando las mismas políticas de recortes. Aunque se escuden en la obligatoriedad de estas medidas impuestas desde Madrid, tanto el gobierno de Iruñea como el de Gasteiz diseñan sus politicas al servicio y a las Órdenes del capital.

Nuestras demandas son muy claras:

- Ni un solo euro para la banca.

- Que las instituciones vascas no apliquen los recortes.

- Que se dé un giro radical en las políticas públicas.

- Que se pongan de una vez las instituciones vascas al servicio de la sociedad. Y si desde Madrid no lo permiten, se tome de una vez la decisión de no subordinarse ante medidas que no hacen más que generar miseria y alejarnos de las soluciones que necesitamos.

El estado español ha decidido que es el momento de finiquitar el modelo autonómico y lo está haciendo a golpe de decreto y ley básica, para instaurar otro modelo totalrnente centralizado y uniformizado. Seguir atada a las politicas que está realizando el estado español es un suicio político y económico para Euskal Herria. La opción es clara: o la subordinación y la uniformización de un estado que ha optado por la no
salida a la crisis o la posibilidad de dar una salida propia desde la capacidad de hacer políticas y tomar decisiones en nuestro ámbito.

La alternativa existe y es posible sì se toman tres decisiones:

- No aplicar las medidas del gobierno español.

- Anular los recortes establecidos en los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria.

- Poner sobre la mesa un plan institucional integral para hacer politicas que nos permitan salir cle la crisis.

Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión, porque debemos pasar del "aplico porque es obligatorio" al "no puedo aplicar porque la sociedad de Euskal Herria lo ha rechazado". En Euskal Herria hay masa social suficiente para hacer otro camino, para construir una alternativa real a esta crisis. Lo que faltan son gobiernos que estén dispuestos a hacerlo. Y eso sólo pasará si hay una mayoría social capaz de condicionar, capaz de ser determinante.

El 26 de septiembre debemos llenar las calles de Euskal Herria para obligar a que se cambie de una vez por todas el rumbo de las políticas que se aplican en nuestro ámbito y para que sea nuestro pueblo el que tome la palabra y la decisión.
PRINCIPALES MEDIDAS QUE NOS ESTÁN IMPONIENDO

1. ATAOUE A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

- Se considera al colectivo de personas desempleadas como defraudadoras de recursos públicos y no como titulares de derechos.
- La cuantía de las prestaciones por desempleo se rebaja a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base regulatoria.
- Se suprime el subsidio para mayores ole 45 y el de 52 pasa a los mayores de 55.

2. RECORTE DE LAS GARANTÍAS DEL FOGASA

- Limita la cantidad a abonar al doble del SMI (antes era el triple), por el número de dias de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 dias (antes el máximo eran 150 dias)

3. ATAOUE A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- Ataque a la negociación colectiva, que queda derogada por las medidas que se deciden en Madrid y que se aplicarán con caracter prioritario a lo negociado en los acuerdos.
- Se añade a las congelaciones salariales suspender la 2a paga extra (Navidad) para personas empleadas públicas. No se compensará en el salario, sino a partir de 2015 en forma de aportaciones a fondo de pensiones, siempre y cuando se cumplan los objetivos de déficit.
-Reducción de días de libre disposición.
-Reducción de derechos sindicales.
-Equiparar el tratamiento de las incapacidades temporales al sector privado, es decir, no se complementará el salario al 100%.
-Movilidad de las y los empleados públicos.

4. FISCALIDAD REGRESIVA

-Sube el IVA. El tipo general pasa del 18% al 21% el reducido del 8% al 10%. Algunos productos y servicios pasan del tipo reducido al general (es decir, del 8% al 21%). Algunos materiales escolares pasan del tipo superreducìdo (4%) al 21%.
-Subida de los impuestos especiales.
-Rebaja de las cotizaciones sociales de dos puntos hasta 2014, un punto en 2013 y otro en 2014. La medida ha sido reclamada con insistencia por los empresarios, que verán asl' reducido el coste laboral.

5. RECORTE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

- El Gobierno ha rebajado en un 13% el llamado «nivel m|'nimo», el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada persona dependiente en función de su gravedad.
- Se reduce en un 15% la prestación económica de los y las cuidadoras familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.
- Se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados.
- Se suspenden el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que se pagaba a familiares que cuidaban de una persona dependiente en casa.

6. LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS Y PRIVATIZACIONES

- Desregularìzacìón de los horarios comerciales, ampliación de horarios y apertura en domingos y festivos.
- Liberalización de los servicios de transporte ferroviario, portuario y aeroportuario y en algunos casos privatización.
- Reducción y privatización de empresas públicas.

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