Correos les ha dado plantón sin explicación alguna, ni verbal, ni escrita, dejándolos en la peor de las situaciones posibles: sin actividad laboral, sin poder cobrar la indemnización a la que tienen derecho, sin oferta alternativa por parte de la empresa y sin poder optar a contratos temporales salvo que, voluntariamente, renuncien a su contrato de sábados y, aún
así, se situarían como candidatos fuera de bolsas de empleo.
La política de reducción de costes puesta en marcha para hacer frente al descenso constante del volumen de correspondencia desde 2008 (reducción de la contratación; eliminación de los repartos ordinarios de tarde; supresión de las conducciones en los sábados del periodo vacacional de 2010; oferta de la empresa de eliminar los sábados en reparto ordinario, rurales y de CTAs.; …), hacía más que previsible la inmediata supresión del reparto en sábados. De hecho, desde 2006 el número de trabajadores empleados en
esa tarea se fue reduciendo constantemente.
El que oficialmente no se haya hecho público el abandono de ese servicio no obedece a que todavía no se haya tomado una decisión definitiva al respecto y no debería ser utilizado para justificar el trato que se está dando a los afectados. Antes de finalizar el 2010 la decisión ya se había tomado.
Esta evidencia no ha sido obstáculo para que los sindicatos del apagón postal, CCOO, CSIF y ESK, a través de sus comunicados, hayan hecho un burdo intento sincronizado para confundir a los afectados y al conjunto de la plantilla, vinculando la eliminación del reparto en sábados con la nueva ley postal y, de paso, tratar de desacreditar a aquellos sindicatos que tuvimos criterio propio y no nos dejamos manipular por terceros en el proceso de discusión de esa ley.
El movimiento de la dirección con las y los afectados resulta insoportable: el comportamiento tan antisocial que está exhibiendo supone un aviso a navegantes y puede marcar tendencia a futuro.
Para LAB y para cualquiera que tenga dos dedos de frente, es evidente que la no comunicación de la activación o rescisión de esos contratos no ha sido improvisada, sino cabalmente calculada y obedece al frío cálculo de reducción de costes en el que no tienen cabida los derechos de personas que, en algunos casos llevan 12 años trabajando en Correos.
La argumentación para hacer el cálculo es sencilla: si no hay rescisión de contratos generalizada tampoco pago generalizado de indemnizaciones. Es la fórmula más barata para la empresa pero, también, la de efectos más perversos para los afectados.
Los costes en salarios de tramitación e indemnizaciones por despido improcedente que pudiesen reconocer los tribunales a los valientes que demanden a Correos, serían un mal menor para la empresa y, en cualquier caso, quedarían muy por debajo de los generados por la rescisión generalizada de contratos.
Y efectivamente, pese a que se han interpuesto demandas por despido en los cuatro Herrialdes, el miedo de muchos eventuales a posibles represalias les ha llevado a no demandar, renunciando a derechos que les reconoce la legislación laboral. Esta realidad entraba en las previsiones de la empresa.
Desgraciadamente la cobertura sindical que dieron CCOO, UGT y CSIF a las exclusiones de las bolsas de contratación de los eventuales que demandasen por despido a Correos y que en 2004 y 2006 se concretó en centenares de despidos y exclusiones de bolsas, llevó a que el colectivo de eventuales interiorizara que demandar era sinónimo de abandonar Correos de por vida.
Ese miedo todavía persiste pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo protege a los eventuales que demanden (No pueden ser excluidos de las bolsas por ese motivo) ya que fruto de la batalla judicial que emprendió LAB contra la represalia de exclusión de bolsas, el Supremo declaró la ilegalidad de esa práctica aunque contase con el apoyo expreso de CCOO, UGT y CSIF.
Pero el daño ya está hecho y la dirección sigue jugando con ese miedo para llevar a cabo actuaciones de gestión de personal propias de empresarios desaprensivos.
Desde LAB exigimos a la dirección respeto a este colectivo y a sus derechos. Esto se traduce en reactivar inmediatamente el reparto en sábados o rescindir los contratos compensándoles los salarios dejados de percibir, más la indemnización legal correspondiente e inclusión inmediata en las bolsas de empleo de aquellos que lo deseen.
Asimismo queremos advertir que resulta inadmisible, por lo que tiene de tomadura de pelo, que su inclusión en las bolsas de empleo temporal, cuando se abran a nuevas inscripciones, se presente como compensación o contrapartida a la faena que les están haciendo. Esto es un derecho que ya les corresponde.
Por otro lado, los primeros juicios por estos despidos encubiertos se celebrarán en breve: el 23 de marzo en Gipuzkoa, el 28 de marzo en Araba, el 13 de abril en Bizkaia y el 15 de abril en Nafarroa.
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