El acuerdo de Madrid para la Función Pública es una nueva agresión contra el ámbito propio de los Servicios Públicos en Euskal Herria

El pasado 9 de marzo el Gobierno del Estado y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF suscribieron el acuerdo de la Mesa General para las Administraciones Públicas. Este acuerdo un desarrollo del firmado en marzo de 2017, en el que se resuelven algunas cuestiones que quedaron pendientes.

Leemos el contenido de este acuerdo con pesar y preocupación, ya que tenemos claro que supone otro paso más en el camino de la desaparición de la poca capacidad de negociación colectiva que tenemos en los servicios públicos. Es lamentable que los sindicatos españoles hayan entrado en el juego de Montoro. El Estado mantiene el objetivo de implantar una visión mercantilista en la gestión de los servicios públicos, comenzando por el EBEP hasta este último acuerdo. Es vergonzoso dar el apoyo por parte de los sindicatos a un acuerdo que premia el cumplimiento del déficit y el techo de gasto. Unas subidas salariales ligadas a unos sistemas de medición incomprensibles para las y los trabajadores y desligados del IPC.

Mediante este acuerdo el gobierno ha conseguido una tremenda victoria en el proceso de centralización. Madrid controlará lo que se puede hacer en cada lugar, y mientras tanto a destruir y privatizar servicios públicos en todas las administraciones y sector público, en nombre del cumplimiento del déficit y el techo de gasto.

Para el sindicato LAB este acuerdo es una agresión directa a la negociación colectiva. A Euskal Herria no traerá más que el negro futuro de los servicios públicos del Estado, y supondrá una buena ocasión para los partidos que defienden el modelo mercantilista para así seguir privatizando servicios públicos.

También son muy graves otros contenidos recogidos. Mantiene las tasas de reposición y pretende asumir en las administraciones públicas el concepto del absentismo. Además limita en gran medida la capacidad organizativa de los servicios públicos al entorpecer la negociación colectiva. Son muy significativos los límites que se imponen a la conciliación.

Lo más grave es lo correspondiente a la subida salarial. Han dejado una subida salarial para tres años sin hacer ninguna referencia al IPC. Esto aumentará sin duda la pérdida de poder adquisitivo, agrandará el agujero que ya existía. Por otra parte, aparece el factor de una subida variable. Se acuerdan unas formas de calcular dudosas y lejanas a un punto de vista social, que también serían rechazables incluso en el ámbito privado. Es precisa nuestra aclaración de esa ambición por mercantilizar los servicios públicos. ¿Acaso nos quieren hacer cómplices de ese modelo neoliberal a las y los trabajadores? Realmente vergonzoso.

A los funcionarios/as de Correos la aplicación de esta “subida salarial” de 2018 será bastante rápida, una vez sea publicado este acuerdo en el BOE. Para el personal laboral, tardaremos más en cobrar, tendrán que ponerse las pilas la empresa y sindicatos de la mesa general de Madrid para aplicarla lo antes posible. Para ambos, será con efecto retroactivo al 1 de enero de 2018.

LAB tiene claro que seguirá defendiendo el ámbito propio. Para ello vemos imprescindible impulsar unas leyes y normas propias. Necesitamos desarrollar una capacidad legislativa que blinde la negociación colectiva y la defensa y desarrollo de los servicios públicos. No vamos a defender nuestros servicios públicos si nos quedamos mirando a Madrid. Debemos acordar las condiciones laborales y salariales de las plantillas públicas de aquí con los agentes sindicales de aquí, para organizar y desarrollar los servicios públicos que necesitamos para la población de Euskal Herria.

En el caso de los funcionarios el incremento salarial sería negativo ya que en el 2010 les rebajaron un 5 % las retribuciones, en concreto -3,09 %. La pérdida de poder adquisitivo del periodo 2010 al 2017 es del 9,59 % para el personal laboral y del 14,69 % en el caso de los funcionarios/as.

El acuerdo pactado por CCOO, UGT y CSIF supone un incremento fijo para el 2018 del 1.5%, un 2.25% para el 2019 y 2% para el 2020. Sin tener en cuenta el IPC, firmando un acuerdo único y muy preocupante. Porque se puede dar en esos años, un IPC alto, por tanto podríamos volver a seguir perdiendo poder adquisitivo y dinero.

También deja una subida pendiente del 0.25% para el 2018, vinculado a que el Producto Interior Bruto se situe en el 3.1% en este año, otra subida del0.25% para 2019 si el PIB es del 2.5% y otra del 1% para 2020 si el PIB es del 2.5%.